A fines del año pasado publiqué una columna en Gestion.pe llamada “SUNAT EN CAOS.  El elefante en la habitación…”.  El detalle lo tiene usted en internet, pero déjeme repasar los puntos esenciales para establecer qué SUNAT recibe el nuevo gobierno y qué podemos esperar de manera realista.

Es obvio lo esencial del rol de la SUNAT en la estabilidad y el crecimiento del país, pero revisemos conceptos básicos:

• De los ingresos públicos que genera el Perú, el 75% proviene de tributos recaudados por la SUNAT (Fuente: BCR).
• Los impuestos son costos muy relevantes para los privados (con o sin actividad empresarial) y, en su mayoría, autoliquidados, aun cuando el Estado vive de dichos pagos.
• Cuando la SUNAT no representa un riesgo frente al incumplimiento para los contribuyentes, una parte de ellos ni declara ni paga sus impuestos.

En la década de los 90, la SUNAT se ganó el prestigio de ser la institución pública más eficiente, técnica, tecnológica, equilibrada. Pensar en corrupción en la SUNAT era difícil; seguramente existía, pero habría sido excepcional.

Pero eso cambió hace mucho tiempo (el punto de quiebre de esta tendencia empezó en el gobierno de transición, se mostró con mucha claridad entre 2008 y 2012, y de ahí fue en bajada). Hoy, luego de casi dos décadas de acciones equivocadas e inacciones —por lo menos— sospechosas, la SUNAT ha creado la siguiente realidad:

• La informalidad e ilegalidad han absorbido –por lo menos– el 50% de la economía. Casos icónicos como el oro ilegal y el contrabando nos golpean en la cara y, a lo largo de todos estos años, no se ha creado un plan, una estrategia ni una acción visible para controlarlos. Los especialistas opinan que una realidad tan grande y de tanto dinero como la del oro ilegal (más de US $ 12 000 millones en el 2025) se ha convertido, inclusive, en uno de los elementos que están impulsando a la baja el tipo de cambio. Es decir, esos miles de millones de dólares son TANTOS que inundan el mercado y hacen que el tipo de cambio baje por el exceso de dólares en la economía. Hace años, esa realidad era impensable en nuestro país: que una actividad ilegal sea tan grande que mueve el tipo de cambio nacional; y la duda es si la inacción de la SUNAT responde a incapacidad funcional, a ineficiencia de las estrategias o a simple y gigantesca corrupción.
• La formalidad es asediada de una forma exagerada, generando sobrecostos y falta de seguridad jurídica que terminan espantando la inversión formal, como lo he comentado en decenas de ejemplos en columnas y cápsulas anteriores y, solo para mencionar tres:
  • Desconocimiento de compras por supuesta “falta de fehaciencia”, incluida la masificación del cuestionamiento de las liquidaciones de compra.
  • Exigencia de documentación exagerada, particularmente de períodos prescritos que inciden en períodos no prescritos, como ha sido el reciente caso de la revisión de los gastos financieros.
  • El caso que se dio a finales de 2025, relacionado con el cuestionamiento de la compensación del Saldo a Favor del Exportador por decenas de millones por no haberlo incluido en el PDB de exportadores, lo que se tuvo que solucionar con una norma legal por la terquedad de la SUNAT (pese a haber existido una consulta institucional firmada por la SUNAT hace más de 12 años, dándole la razón a la posición del contribuyente).
• La recaudación es una de las más bajas de la región. La presión tributaria de Perú está por debajo del 17%, mientras que la de los países de la OCDE está alrededor del 34% y la de Sudamérica, del 23%. Lo contradictorio es que la presión individual del sector formal está muy por encima de la presión por empresa en Sudamérica y en la OCDE, resulta claro por qué.

¿Por dónde empezamos? 

Por la cabeza. El esquema del BCR es el adecuado para la SUNAT. No un funcionario todopoderoso puesto a dedo por el ministro de turno, sin ningún tipo de verificación de antecedentes o capacidades (no me refiero al actual nombramiento por quien tengo mucho aprecio, pero miren la cantidad y calidad de superintendentes de los últimos años). Debe ser nombrado por un directorio de diversas fuentes, equilibrado, que le dé un norte a la institución. El tiempo de duración de este directorio no debe estar amarrado a periodos presidenciales o ministeriales, como el caso del contralor que es nombrado por siete años. Por supuesto, esto requiere cambiar la ley, pero es el momento de hacerlo. La SUNAT tiene que ser una institución que, aunque coordine con el Poder Ejecutivo, no dependa exclusivamente de él.

¿Podemos esperar algo en el corto plazo? 

Aunque sería espectacular, el problema institucional de SUNAT se ha gestado por lo menos en 20 años, no se puede resolver en meses.  Adicionalmente se debe tener presente que como ha dicho el Ministro de Economía, requieren recaudación inmediata (lo que lamentablemente es el problema de siempre).

Me temo que aún cuando hayan buenas intenciones, aún no vemos el plan de acción, y aún cuando este sea el correcto (veamos) no va a cambiar la situación rápidamente, ni del abuso sobre los formales ni de la dejadez contra la informalidad y la ilegalidad.